LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA (1975-1982).



La transición española comenzó en 1975 a la muerte de Franco. Supuso un cambio de régimen –de la dictadura a la democracia-, gradual, no violento y basado en el acuerdo de las principales fuerzas políticas. Su finalización se sitúa e 1982 con el triunfo electoral de los socialistas (PSOE).
El 20-11-1975 murió Franco, siendo presidente del gobierno Carlos Arias Navarro. Dos días después (22-11-1975) Juan Carlos I era proclamado rey. En su primer discurso fue prudente para tranquilizar a los seguidores del Caudillo, pero ya esbozó alguna de sus claves políticas como reconciliación, tolerancia, libertad, reconocimiento de peculiaridades, etc. Se debía producir el cambio y este cambio será gradual, sin ruptura.

A la muerte de Franco, la sociedad se echó a la calle en demanda de libertad, amnistía y autonomía, produciéndose enfrentamientos con la policía, la cual no había olvidado los viejos hábitos de la dictadura.
Lo primero que se realizó fue un indulto para los presos políticos que no tuvieran delitos de sangre.
Entre 1975-1976 estalló una oleada de huelgas por todo el país pidiendo cambios y reformas inmediatas, a la vez que se producían atentados de ETA. En esta situación de crispación y conflictividad era importante conocer la actitud de las dos fuerzas que habían apoyado al régimen: ejército e iglesia. En el ejército existían numerosos grupos a los que no se les suponía muy democráticos, por lo que el gobierno debió desactivar y controlar al núcleo duro del ejército. En cuanto a la Iglesia, su jerarquía, encabezada por el cardenal Tarancón, ya había apostado por el futuro democrático.
En este contexto, el primer gobierno de la monarquía, encabezado por Arias Navarro, realizó una serie de reformas limitadas (libertad de prensa, derecho de reunión y asociación, reforma de las Cortes, etc.), aunque nunca pensó en una verdadera democracia, sino en una democracia otorgada.


En marzo de 1976 se constituye Coordinación Democrática, una gran alianza de todas las fuerzas políticas democráticas, donde se unían la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, las cuales pedían una ruptura democrática y el cambio político mediante la presión y la movilización social. Incidían, además, en la amnistía para los presos políticos, legalización de partidos políticos y sindicatos, defensa de libertades y elecciones libres.
Ante esto, el rey se dio cuenta de que tenía que deshacerse de Arias Navarro, decisión favorecida por la dimisión de éste en julio de 1976, eligiendo el rey como presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Era un desconocido burócrata franquista y será un gran acierto del Rey, asesorado por Torcuato Fernández-Miranda (Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino).

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Suárez comenzó a un ritmo acelerado la democratización del país en cuyo calendario se incluía: amnistía para los presos políticos, reforma constitucional y elecciones generales libres en el plazo de un año. Este cambio estuvo plagado de obstáculos y que hicieron tambalear al inestable orden público. Esto provenía principalmente del terrorismo de ETA y de manifestaciones que desembocaron en violencia en las calles del País Vasco, mientras que en Cataluña pedían la autonomía de manera pacífica.
Suárez comenzó a dialogar con todos los partidos y sectores sociales (muchos ilegales como Felipe González –PSOE-, Santiago Carrillo –PCE-, Comisiones Obreras, etc.), lo que provocó la dimisión del ultraconservador general De Santiago, situación aprovechada para nombrar al general Gutiérrez Mellado, militar liberal y el encargado de reformar a las fuerzas armadas.


Otro paso definitivo hacia el cambio fue la presentación en septiembre de 1976 del Proyecto de Ley para la Reforma Política, ideado por Fernández-Miranda y aprobado por las Cortes en noviembre y en referéndum el 15-12-1976, mediante el cual se modificó el sistema político existente y reguló la convocatoria de elecciones.
El año siguiente, 1977, sería clave en la transición. España se hallaba sometida a atentados sangrientos de distinto signo, tanto de extrema derecha, como de extrema izquierda y de ETA. Loa atentados de ETA y el GRAPO contra altos oficiales crearon malestar en el ejército. Por otro lado en enero de 1977 pistoleros de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboralistas, vinculados a CCOO y al PCE, en su despacho de la calle Atocha en Madrid.


A pesar de esta tensión y el reconocimiento de más de cien agrupaciones políticas en febrero, faltaba una si se quería tener credibilidad democrática y esto se consiguió al legalizar Suárez al Partido Comunista de España (PCE), en abril de 1977, mediante un decreto ley por el rechazo del Tribunal Supremo. En los meses siguientes continuaron las manifestaciones exigiendo la amnistía total, con enfrentamientos con las fuerzas de orden público.
En esta situación se llevan a cabo, el 15-06-1977, las primeras elecciones democráticas desde 1936, donde obtuvo el triunfo la coalición gubernamental UCD (Unión de Centro Democrático), seguida del PSOE, mientras que el PCE se hundía. La extrema derecha fue Barrida y el franquismo sólo obtuvo los 16 escaños de Alianza Popular. Las elecciones mostraron otra realidad, los nacionalismos, destacando el PNV y CIU en el País Vasco y Cataluña respectivamente.







En julio de 1977 quedó constituido el segundo gobierno de Suárez, el primero avalado por las urnas y de donde desaparecieron los tres ministerios militares y donde destacan Enrique Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez, cuyo objetivo era reactivar la economía española, afectada por la llegada a España de la crisis económica mundial de los setenta; dicha crisis, paro, inestabilidad, etc., recordaban a muchos las circunstancias adversas en las que naufragó la República de 1931.


En esta situación los empresarios iniciaron una retirada a tiempo, con cierre de fábricas y negocios, liquidación de stoks y desinterés inversor. Esto provocó una reducción de la renta, confrontaciones sociales, aumento de la inflación y crecimiento del paro (6%). En este contexto Suárez tuvo un gran acierto al firmarse los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977), acuerdos a tres bandas (gobierno, empresarios y partidos-sindicatos) en los que se preveía reducir la inflación y una reforma fiscal, de la Seguridad Social y de la empresa pública. También se estableció una subida de sueldos según la inflación prevista. Esto provocó un descenso de la conflictividad y la normalización de las relaciones laborales, aunque sus objetivos no podían
conseguirse a corto plazo, Se emprendió una reforma de la Hacienda (renta –personas físicas y patrimonio-; impuesto sobre el gasto; gravámenes del patrimonio y transmisión), consiguiendo que en 1981 los impuestos directos superasen a los indirectos.

Otro de los problemas a los que tuvo que hacer frente el gobierno de Suárez fue la reclamación de autonomía de las distintas regiones españolas, por lo que se vio en la necesidad de realizar una reforma administrativa y territorial del país, sin esperar a la aprobación de la Constitución, así se estableció una Generalitat (Cataluña) presidida por Josep Tarradellas. El caso del País Vasco fue más complicado al existir una mayor división en la sociedad vasca, problema con el himno, límites geográficos, etc. Al final se creará el Consejo General Vasco (enero 1978). En marzo de 1978 se constituyó la Xunta de Galicia. Estos hechos provocaron el desconcierto en amplios sectores del Ejército, que no veían asegurada la integridad de España. Para sujetar al Ejército nació el Ministerio de Defensa, dirigido por un civil con la misión de desactivar a la extrema derecha militar y extender en la milicia el espíritu democrático.

En esta situación de inestabilidad se comenzó la elaboración de una Constitución para esta nueva España y en la que participaron siete personas de diferentes fuerzas políticas (3 de UCD, 1 PSOE, 1 PCE, 1 AP, 1 CIU). Hubo discrepancias en las negociaciones pero al final se llegó a un acuerdo y se elaboró un Proyecto de Constitución, presentado al Congreso y al Senado, y aprobado tras más de tres mil enmiendas. El 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue aprobada en referéndum por el pueblo español.
Según la Constitución España será: un Estado Social y Democrático de Derecho; Monarquía Parlamentaria; limitación del poder real a favor de las Cortes; Estado no confesional; reconocimiento de derechos individuales; mayoría de edad a los 18 años; reconocimiento de las diferentes regiones a poseer Estatutos de Autonomía, etc. Tras la aprobación de la Constitución, se celebran nuevas elecciones legislativas en marzo de 1979, en las que aumentó la abstención y donde se dieron casi los mismos resultados que en 1977, obteniendo la victoria la UCD.
El tres de abril se celebraron elecciones municipales con el objetivo de democratizar las instituciones locales, ya que sus representantes provenían del antiguo régimen y del caciquismo local, obteniendo el triunfo la UCD, pero con un gran ascenso del PSOE. El siguiente paso de Suárez fue el intento de resolver el problema autonómico, concediéndose sendos Estatutos de Autonomía a Cataluña y País Vasco (octubre de 1979), aunque presentaron problemas especialmente el Estatuto Vasco. Suárez decidió extender la autonomía a todas las regiones, aunque para ello se utilizarán dos vías: por el art. 143 o por el 151 de la
Constitución, es decir, la vía lenta y la vía rápida, lo que dio la sensación de comunidades de segunda o de primera categoría. En 1978 continuaron los actos terroristas de ETA, lo que llevó a atentados contrarios del
Batallón Vasco Español. En septiembre de 1979 los sindicatos y la patronal llegan a acuerdos para mejorar la estabilidad social.
El gobierno también realizará un Concordato por el que la Iglesia comenzará a financiarse, aunque recibirá ayudas. En los años siguientes continuaron loa atentados, tanto de ETA (sobre todo contra fuerzas del orden público), del GRAPO, como de la ultraderecha. Esto provocó presiones militares para obligar a dimitir a Suárez. Además Suárez tuvo que hacer frente solo a las reformas más comprometidas (divorcio, enseñanza o empleo) y que le habían desgastado. Suárez, aparte de su convicción democrática, no poseía una ideología que llevara a cabo la necesaria renovación. Además el PSOE había iniciado la estrategia de erosionar la imagen de Suárez ante la opinión pública. Tampoco Suárez era capaz de mantener unido a su partido, sobre
todo tras el proyecto de legalizar el divorcio (oposición del sector democristiano).



Así, en enero de 1981 Suárez dimitió como presidente del gobierno a través de la televisión. Se nombró candidato a la presidencia del gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo, en espera de su confirmación por el Congreso. El mismo día en que se votaba su nombramiento se produjo el intento de golpe de Estado (23-02-1981) protagonizado por un destacamento de guardias civiles a las órdenes del teniente coronel Tejero, pero la rápida intervención del Rey pidiendo lealtad a la Constitución por parte del Ejército, hizo fracasar el pronunciamiento. El gobierno de Calvo Sotelo estuvo marcado en los meses siguientes por los efectos del 23-F, la cuestión autonómica y la lucha antiterrorista, en la que participaría el Ejército.
Ante las tensiones que generaba el proceso autonómico la UCD y el PSOE pactaron, con sentido restrictivo y aprobado por las Cortes en junio de 1982, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

El gobierno de Calvo Sotelo tampoco tuvo mucha suerte y en mayo de 1981 estalló el escándalo del aceite de colza adulterado. Además, la aprobación de la Ley del Divorcio (junio de 1981), cuyo impulsor fue Fernández Ordóñez, supuso la ruptura de su partido; incluso su fundador Suárez abandonó la UCD y formó otro partido, el CDS.


A pesar de esto, Calvo Sotelo consiguió meter a España en la OTAN (diciembre de 1981) e intentó facilitar la aceptación de España en la CEE, cuyo ingreso se había solicitado en 1977. La entrada en la OTAN supuso un aumento de la impopularidad del gobierno. Calvo Sotelo, cansado de las escisiones de su partido, no esperó a agotar la legislatura y adelantó las elecciones generales a octubre de 1982, en las que obtendría mayoría absoluta el PSOE.