La II República ante los principales problemas de España: las reformas políticas sociales y económicas.



EL CAMBIO DE RÉGIMEN.-
         La victoria electoral de los republicanos en las ciudades trajo consigo la caída de la monarquía. El cambio de régimen se realizó sin derramamiento de sangre el 14 de Abril de 1931, tras la proclamación de la República en Madrid, Barcelona y otras capitales españolas. Convencido de que las elecciones municipales habían sido una manifestación nacional contra la monarquía, el conde de Romanones, ministro de Estado, recomendó al Rey abandonar España y negoció con el comité revolucionario el traspaso del gobierno.
         El nuevo régimen fue recibido con un gran entusiasmo popular y abrió la oportunidad de abrir un marco de convivencia democrática, modernizar las estructuras del estado e iniciar un amplio programa de reformas económicas y sociales.
         Pero la República nació en circunstancias difíciles. En el ámbito internacional el mundo debía hacer frente a la crisis más grave que el capitalismo había conocido hasta el momento, el crack de 1929, que originó una gran depresión económica en Estados Unidos y que se extendió a toda la economía mundial; sus efectos se notaron en España hacia 1932. En el aspecto político, Europa empezaba a debatirse entre la democracia y el fascismo. Además, en el interior, la república tuvo que hacer frente a una oposición que desde la derecha o la izquierda se enfrentó al nuevo régimen.
         La falta de cultura democrática, la inestabilidad política, la conflictividad social y la intransigencia de sus adversarios condujeron a la República hacia el enfrentamiento civil.
         La proclamación de la República permitió el acceso al poder del Comité Revolucionario, que se convirtió en Gobierno Provisional y en calidad de tal, dirigió la toma del poder por parte de comités republicanos en todas las instituciones locales y provinciales y dictó las primeras medidas de carácter político, como la amnistía para todos los delitos políticos, sociales y de imprenta.
         La composición del gobierno reflejaba los acuerdos que habían forjado los partidos republicanos desde el pacto de San Sebastian. Era un gobierno de concentración en el que no había quedado fuera ninguna corriente importante del republicanismo. Las acciones más inmediatas del Gobierno provisional en sus primeros meses de actuación fueron de tres tipos: sociales, militares y de política territorial y autonómica.
         El nuevo ministro de Trabajo, Largo Caballero, promulgó una legislación de carácter social:
-         El decreto de Términos Municipales prohibió la contratación de jornaleros fuera del municipio.
-         Se aprobó la jornada laboral de ocho horas.
-         La Ley de Jurados Mixtos en el ámbito rural trató de satisfacer las aspiraciones de los jornaleros y pequeños arrendatarios.
El ministro de la Guerra, Azaña, acometió la reforma del ejército adoptando una serie de medidas como:
-         La ley del Retiro que logró que cerca de un 40% de la oficialidad abandonara el Ejército.
-         Se suprimió la Academia General de Zaragoza.
-         Se derogó la vieja ley de jurisdicciones.
-         Se redujo el número de capitanías generales.
Estas reformas militares no se vieron acompañadas de una política especifica de orden público, pese a la creación de una policía de carácter urbano, los guardias de asalto, lo que propició que el ejército hubiera de intervenir con frecuencia en la represión de conflictos sociales y huelgas.
         El asunto más delicado fue la cuestión catalana. El mismo 14 de Abril Maciá había proclamado el Estado Catalán. El gobierno invocó los acuerdos de San Sebastián para adecuar la situación a la nueva legalidad republicana, lo que se consiguió mediante la constitución de un gobierno provisional de Cataluña, la Generalitat, después de largas negociaciones entre Maciá y varios ministros de la República.
         Los primeros meses de gobierno republicano estuvieron protagonizados por diferentes conflictos. Estallaron conflictos religiosos, como fueron la quema de conventos, que afectó a decenas de edificios de Madrid y de capitales andaluzas, o la expulsión del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, acusado de evasión de bienes eclesiásticos. La CNT convocó las primeras grandes huelgas del periodo. Tuvieron especial virulencia en el caso de los trabajadores de Telefónica en Madrid  y en la oleada de huelgas que vivió Sevilla en los meses de Junio y Julio.
         Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron el 28 de Junio de 1931. Los resultados electorales dieron una victoria aplastante a la conjunción republicano-socialista que estaba en el gobierno. El PSOE, un grupo con muy pocos diputados durante la monarquía, se convirtió en la formación parlamentaria más numerosa; le seguían los radicales de Lerroux, los radical-socialistas y el partido de Azaña. La representación de partidos conservadores o antisistema fue muy escasa. Desde el punto de vista social, las Cortes incorporaron a la vida política a las nuevas clases medias urbanas, de forma muy señalada, a profesores e intelectuales.
         El nuevo texto constitucional fue elaborado con la máxima celeridad y aprobado por las Cortes el 9 de Diciembre de 1931.
-Se definió España como una “república democrática de trabajadores de toda clase”.
-Se reconoció el derecho de voto de la mujer.
-Se regularon medidas de protección social y cultural de los ciudadanos.
-Las Cortes constaban de una sola Cámara, con capacidad de iniciativa legislativa.
- Los gobiernos debían lograr la confianza del Parlamento.
-Los posibles conflictos entre poderes se confiaban a un Tribunal de Garantías Constitucionales.
-Apareció una figura nueva, la del Presidente de la República, de elección indirecta.
- Se aprobaron la libertad de cultos y el matrimonio civil.
- Se prohibió ejercer la enseñanza a las congregaciones religiosas.
- Se suprimió la Compañía de Jesús.
         La Constitución consideraba la República como un estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Esta circunstancia abrió la posibilidad de elaborar estatutos de autonomía y de constituir regiones autónomas.

EL BIENIO REFORMISTA.-
         El periodo comprendido entre Abril de 1931 y septiembre de 1933 se conoce como bienio reformista, social-azañista o republicano-socialista. Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República y Azaña ocupó la presidencia del gobierno. Los gobiernos del bienio fueron esenciales para aprobar una serie de reformas que se consideraban indispensables para modernizar la sociedad y el estado. El gobierno no contaba con un apoyo mayoritario, lo que explica la oposición que suscitaron las reformas que afectaron a la propiedad agraria, a las relaciones laborales, al Ejército y a la Iglesia Católica.
         La ley de Reforma Agraria pretendía llevar a cabo una redistribución de la propiedad agraria. Sus objetivos eran lograr la desaparición del latifundio y del absentismo, al tiempo que proporcionar tierra suficiente a los campesinos desprovistos de ella. Sin embargo, en vez de ceñirse a los latifundios del sur de la península, se aplicó a todo el país de forma simultánea, molestando a muchos pequeños y medianos propietarios que se opusieron a ella. Las relaciones entre los propietarios que se sintieron amenazados  y los jornaleros que estaban impacientes por ocupar las tierras, llegaron  a un punto de máxima tensión. Las medidas sobre la propiedad agraria crearon una gran alarma entre los terratenientes y unas enormes esperanzas entre los jornaleros, y finalmente, no satisficieron ni a unos ni a otros.
         La política cultural y educativa de la  II República estuvo marcada por la influencia de la Institución Libre de Enseñanza. Su objetivo fue imitar el modelo francés y crear un sistema educativo unificado, público, laico y gratuito, al menos en la enseñanza primaria. También se implantó la coeducación de niños y niñas, inexistente hasta entonces en los centros religiosos.
         La educación se consideró un derecho que el estado debía garantizar a todos los ciudadanos para lograr la igualdad de oportunidades. Aunque los recursos presupuestarios resultaron insuficientes, se hizo un gran esfuerzo en la formación de profesores y maestros, en la construcción de escuelas y en la dotación de becas para que los estudiantes más necesitados o más capacitados pudieran seguir estudiando.
         En la política cultural desempeñaron un papel esencial las Misiones Pedagógicas, ya que extendieron la cultura a los medios rurales más abandonados, promoviendo representaciones teatrales, coros, museos ambulantes, cines, bibliotecas circulantes  divulgando técnicas sanitarias y agrarias. Además repartían colecciones de libros en las escuelas e incluso prestaban libros a los habitantes de los pueblos y aldeas.
         Las reformas militares fueron alentadas por el propio Azaña y pretendían reducir el enorme número de oficiales profesionales, reorganizar la administración y la enseñanza militar y modernizar las escalas y someter la jurisdicción militar a la civil. Se suprimieron algunos rangos y se supeditaron los tribunales militares a los civiles. Además, se pretendió lograr la fidelidad personal de los militares a la República obligándoles a jurar lealtad al régimen, lo que hizo la inmensa mayoría.
         Desde finales e 1932 la coalición azañista comenzó a sufrir la oposición parlamentaria del Partido Radical de Lerroux, al que progresivamente se fueron agregando otras fuerzas de derecha, monárquicas o católicas. La labor de oposición más eficaz correspondió a las organizaciones agrarias y católicas, lideradas por Gil Robles, que confluyeron en 1933 en un nuevo Partido, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de inspiración católica.. La novedad de la CEDA radicaba en que se trataba de un gran partido de masas, defensor de la religión y la propiedad, pero que se declaraba accidentalista en la forma de gobierno. Su arraigo social estaba entre los propietarios agrarios y en gran parte de las clases medias y profesionales urbanas.
         La oposición social procedía tanto de las organizaciones patronales industriales o agrarias, como del movimiento obrero y campesino, en el que la CNT había logrado un gran arraigo. El episodio de Casas Viejas donde tuvo lugar una matanza de campesinos por parte de la Guardia Civil, sirvió de acicate para que los anarquistas, los radicales y agrarios desencadenasen una feroz campaña de desprestigio del gobierno, y especialmente de Azaña, a quien se acusaba injustamente de ser responsable directo de los hechos.
         La posición del gobierno azañista era cada vez más difícil por la abundancia de conflictos sociales, por la creciente organización política de la derecha y por la falta de confianza del propio presidente de la República, Alcalá Zamora. En septiembre de 1933, éste otorgó la presidencia del gobierno a los radicales, primero a Lerroux y luego a Martínez Barrio. Su objetivo era la convocatoria de nuevas elecciones generales, por entender que las Cortes Constituyentes ya no representaban el sentimiento político de los ciudadanos españoles.

LA REPÚBLICA DE DERECHAS.-
         Las elecciones celebradas en 1933 dieron el triunfo a las candidaturas de centro y derecha, con predominio de la CEDA y el Partido Radical de Lerroux, ya que la legislación electoral favorecía a las coaliciones. El tercer grupo en número de diputados fue el PSOE, que se encontraba aislado.
         El radicalismo de Lerroux había evolucionado hacia posiciones conservadoras, con lo que se orientó hacia el acuerdo con la CEDA. La CEDA se limitó a sostener en las Cortes a un gobierno Lerroux que el presidente de la República había promovido por temor a la reacción de las izquierdas si Gil Robles llegaba al poder. El gobierno tenía que hacer frente no sólo a una insurrección anarquista, sino también a la actitud cada vez más hostil del resto de la izquierda, que había acogido muy mal el triunfo electoral de sus adversarios y acusaba a Gil Robles de preparar una dictadura fascista. Por otra parte los nacionalistas catalanes, dirigidos, tras la muerte de Maciá, por Lluis Companys, recelaban de que se atentase contra su autonomía.
         Durante esta etapa hubo dificultades para formar gobiernos estables, y así se sucedieron diez gabinetes ministeriales en poco más de dos años. Los radicales que apoyaban el gobierno se enfrentaron a dos problemas: de un lado la división interna ya que Martínez Barrio, descontento de la derechización de Lerroux, retiró su confianza a los gabinetes, y de otro lado una serie de escándalos de corrupción afectaron al prestigio personal de Lerroux y hundieron en el descrédito a los radicales.
         Los gobiernos de esta etapa se dedicaron a frenar o anular las medidas del bienio anterior. Suspendieron muchas de sus leyes y proyectos: la reforma agraria se paralizó por completo, mientras que los decretos de Largo Caballero para el campo fueron suspendidos o derogados. En esta etapa Gil Robles fue ministro de la Guerra y, desde este cargo, procuró colocar en lugares estratégicos a los militares antiazañistas como los generales Fanjul, Mola, Goded o Franco.
         El desarrollo autonómico cayó en el olvido. La autonomía catalana sufrió un frenazo, pues no se transfirieron todas las competencias. Los estatutos vasco y gallego no se tramitaron, lo que sirvió para acercar las posturas del PNV y del Partido galleguista a las de socialistas y republicanos de izquierda.
         La entrada en el gobierno de tres ministros de la CEDA en octubre de 1934 fue interpretada por los socialistas como una entrega de la II República a manos de sus enemigos. Este hecho fue, además, la señal para el estallido de una revolución que llevaba tiempo preparándose. El movimiento insurreccional contó con el apoyo de la Generalitat, el PCE y la CNT y se redujo a una huelga general política en las grandes ciudades. Companys proclamó el estado catalán dentro de la República federal española, pero no armó a los revolucionarios. Como consecuencia la autonomía de Cataluña fue suspendida y Companys fue encarcelado junto con los miembros de su gobierno.
         En Asturias se produjo una auténtica revolución social: los mineros se adueñaron de la región durante dos semanas, colectivizaron los medios de producción y llegaron a abolir el dinero. La región tuvo que ser literalmente conquistada por el ejército dirigido por Franco, al que se incorporaron tropas coloniales de Marruecos. El costo del levantamiento de Asturias es el de una pequeña guerra civil: 1000 muertos, 3000 heridos, tres penas de muerte  y más de 30000 detenidos, incluido el comité revolucionario.
         La derecha antiliberal percibió estos hechos como la confirmación de que el movimiento obrero preparaba una revolución a la que los republicanos burgueses, demasiado débiles, no podrían hacer frente. La Iglesia juzgó el movimiento asturiano como una insurrección anticatólica, ya que en ella murieron violentamente más de treinta religiosos, que fueron considerados mártires.
         Las organizaciones obreras sufrieron una dura represión: la mayoría de sus dirigentes fueron encarcelados o huyeron; sus diarios y locales fueron clausurados, y muchos patronos aprovecharon la situación y anularon los contratos de trabajo firmados, con lo que miles de obreros, conocidos como los represaliados, fueron despedidos en todo el país. La indignación que generó esta represión y las voces que solicitaban amnistía contribuyeron considerablemente a acercar las posturas de las formaciones de  centro-izquierda. Azaña se convirtió en un mártir político debido a la injustificada persecución gubernamental que sufrió, ya que fue acusado de conspirar e incluso llegó a ser encarcelado durante una temporada.
         Los últimos meses de la coalición radical-cedista están caracterizados por la continuidad de los escándalos económicos-políticos que afectan directamente al gobierno de Lerroux, a lo que hay que añadir la enemistad manifiesta entre Alcalá Zamora y el viejo dirigente republicano. El líder radical es advertido por el presidente de  la República de la inminente salida a la luz pública de varios escándalos, entre ellos el del estraperlo y el de Nombela, lo que motiva su relevo en la presidencia del Gobierno por Joaquín Chapapietra.
         Todos estos escándalos minan las relaciones entre los radicales y la CEDA, que reclama para sí la presidencia del Gobierno, a lo que se niega reiteradamente el presidente de la República, que en diciembre de 1935 encarga la formación de Gobierno a Portela Valladares. Éste, con un ejecutivo en el que no figuran ni radicales ni cedistas, disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero de 1936.
         La compleja situación política europea, dominada por las prácticas totalitarias de Hitler y Mussolini y la incapacidad del movimiento obrero para oponerse a su ascenso, obliga a una gran reflexión en el seno de las fuerzas democráticas de todo el continente.
         En España, la revolución de Asturias, la represión ejercida, la orientación autoritaria de las fuerzas derechistas y la aparición de partidos abiertamente fascistas, como las Juntas de Ofensiva nacional Sindicalista (JONS) y la Falange, provocan una dinámica unitaria en el seno de las fuerzas republicanas.
         Todo ello trae consigo la apertura de negociaciones para la reconstrucción de un bloque de izquierda. Manuel Azaña es la persona que lo gesta doctrinariamente en una serie de mítines masivos, planteando la conjunción de fuerzas contra la reacción. En Enero de 1936 se firma el pacto del Frente Popular que es rubricado por los representantes  del PSOE, PCE, UGT, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Sindicalista etc. Quedan fuera del pacto, aunque con un compromiso tácito, la esquerra valenciana y el Partido Galleguista. La CNT no participa en el pacto, pero dado que éste garantiza la amnistía para muchos de sus líderes encarcelados, presta su apoyo electoral a las candidaturas de izquierda.
         Por su parte la derecha intenta, sin conseguirlo plenamente, la gestación de un frente antirrevolucionario. Llega prácticamente unida a las elecciones, aunque no presenta una alianza global ni un  programa común. Los radicales de Lerroux acuden a las elecciones profundamente desprestigiados por los escándalos de finales del bienio y en abierta confrontación con el centrismo de Portela Valladares.
         Los resultados de las elecciones confirman el triunfo del voto de izquierdas en las áreas industriales y en las zonas agrícolas donde se concentraba un alto porcentaje de proletariado rural. Las regiones de propiedad media y con tradición caciquil se mantienen como base electoral de las fuerzas conservadoras.
         Portela Valladares no cede a las presiones que le instaban a incumplir la voluntad popular y consigue que Azaña forme gobierno el 19 de febrero, con un ejecutivo formado únicamente por republicanos y  apoyado parlamentariamente por socialistas y comunistas.
         La obra legislativa del Gobierno de Azaña y del de su sucesor Casares Quiroga, una vez que Azaña es nombrado presidente de la República, está condicionada por el escaso tiempo con el que cuenta para la realización de su programa, dado que cinco meses después de las elecciones se produce la rebelión militar. Las medidas de estos gobiernos se caracterizan por la voluntad de aplicar de inmediato el programa del Frente Popular, entre las fuertes resistencias de las derechas y el apoyo de los sectores izquierdistas, que confían en la restauración del reformismo republicano.
         La amnistía para los presos políticos es dictada por Azaña a los pocos días de llegar al gobierno y se completará con un decreto que obliga a readmitir en sus puestos de trabajo a los despedidos por causas políticas. Los campesinos sin tierras no tardan en ocupar numerosas fincas en las provincias latifundistas, lo que ocasiona enfrentamientos violentos con la Guardia Civil. Una vez formadas las Cortes se deroga la ley de contrarreforma agraria. Los grandes propietarios intentan crear un clima subversivo con una campaña contra el gobierno al que acusan de no tener autoridad para mantener la legalidad vigente, y boicotean la legislación sobre contrataciones.
         El enfrentamiento vivido entre las autoridades catalanas y el gobierno central da paso a un  periodo de buenas relaciones basadas en la amnistía para Lluis Companys y el Gobierno Catalán y en la restauración plena del estatuto de Autonomía. Asimismo se acelera el plebiscito de Galicia para la consecución de su estatuto.
         El triunfo del Frente Popular produce una radicalización de la derecha española, que se sitúa cada vez más cerca de la insurrección armada. Emerge como líder indiscutible de la misma la figura del monárquico José Calvo Sotelo, brillante polemista en las Cortes. La encarcelación de José Antonio Primo de Rivera, justificada por la tenencia ilícita de armas, aumenta la crispación de los falangistas, mientra que en el PSOE se acentúa el enfrentamiento entre la línea de Prieto, partidario de la colaboración con la burguesía republicana, y la doctrina de Largo Caballero, según la cual, el desgaste del republicanismo burgués favorecería la toma del poder por parte de las masas proletarias.
         Las Juventudes Socialistas se unifican con las comunistas, formando las Juventudes Socialistas Unificadas, dirigidas por el joven Santiago Carrillo.
         En este marco se produce durante los meses que preceden a la Guerra Civil, un clima de violencia en ciudades y pueblos, con asesinatos, huelgas y enfrentamientos entre las distintas milicias de los partidos. La conspiración militar se reanudó a partir de febrero, y en ella participaron no sólo los militares antiazañistas, sino también civiles monárquicos, carlistas y fascistas, a los que se relegaba a un segundo plano como fuerzas de apoyo al ejército.
         La trama golpista fue acompañada de una serie de atentados protagonizados por pistoleros falangistas, con la intención de desestabilizar el régimen y de crear un clima de alarma social. Por su parte muchos militares de izquierda se tomaron la justicia por su mano y respondieron a los atentados con represalias. En este contexto, el 12 de Julio se produjo el asesinato de José Castillo, socialista y teniente de la Guardia de Asalto. Al día siguiente, sus compañeros policías acudieron  a buscar a su domicilio a Calvo Sotelo, que era el parlamentario más famoso de la derecha, y lo asesinaron. El doble crimen impactó sobremanera a la opinión pública y sirvió a los conspiradores como argumento para justificar una sublevación militar.