La Dictadura de Primo de Rivera: orígenes y planteamientos políticos, ideológicos, sociales y económicos.

INTRODUCCIÓN

-El resultado de la derrota de Annual provocó protestas del ejército y de la opinión pública. El ejército pedía mayores inversiones en armamento para poder responder militarmente y vengar la humillación sufrida. La opinión pública exigía responsabilidades a los culpables y se oponía a la continuidad de la guerra.


La división de los partidos conservador y liberal, el ascenso de socialistas y republicanos, el auge de los nacionalismos en Cataluña y el País Vasco, alarmaba a la oligarquía y a los militares conservadores. Además, en 1921 había sido fundado el Partido Comunista de España. La derecha pensaba que un gobierno autoritario podía ser el freno definitivo a la protesta social y al auge del movimiento obrero.


La prensa de izquierdas y de derechas coincidía en una crítica permanente al gobierno y a los partidos del turno. Todos querían acabar con las lacras de la Restauración.


En la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, declaró el estado de guerra en su región y repartió el manifiesto titulado “Al país y al ejército españoles”, donde, con un tono regeneracionista, prometía acabar con el terrorismo, la agitación separatista, el desorden y la utilización política de la Guerra de Marruecos. El Gobierno no fue capaz de reaccionar y acudió al monarca para que tomara cartas en el asunto; pero Alfonso XIII dejó pasar lentamente las horas, y transcurridos los primeros momentos, apoyó abiertamente al general sublevado a quien confió la tarea de formar Gobierno. En tres días España dejó de ser una monarquía parlamentaria y se convirtió en un régimen autoritario. El régimen de Canovas había desaparecido.


La implantación del Directorio fue aceptada por la gran masa neutra del país que presentía un seguro restablecimiento del orden y esto le era suficiente. El golpe de estado fue posible por la actitud de dos fuerzas: la burguesía y el movimiento obrero. La burguesía, especialmente la catalana, se puso al lado de la dictadura ya que así alcanzaba su objetivo de frenar a la clase obrera y a los políticos de los antiguos partidos, defensores en su gran mayoría de la España retrasada y terrateniente.


En cuanto al movimiento obrero, al carecer este de una firme conciencia política, no hubo protestas; los obreros, que iban a sufrir con creces el peso del régimen, se mantuvieron tranquilos. El Partido Socialista y la UGT pasaron de una actitud expectante a la aceptación y colaboración a lo largo de los casi siete años del gobierno de Primo de Rivera.

EL DIRECTORIO MILITAR.-


El nuevo régimen militar se presentó al país a través de un manifiesto o discurso que tenía pretensiones regeneracionistas. Se trataba de corregir los defectos del sistema político y de eliminar el caciquismo, no de terminar con el sistema parlamentario. Sin embargo las primeras medidas se orientan a implantar una Dictadura férrea en la que el ejército asumía un papel casi de monopolio de todos los resortes del poder. El Rey aceptó la propuesta de nombrar ministro único al general Primo de Rivera, a quien asistiría a titulo consultivo un Directorio Militar compuesto exclusivamente por jefes del ejército. Era, por tanto, una Dictadura de índole claramente personalista.


Primo de Rivera siguió una política de “acabar con lo anterior”, y entre las primeras medidas del Directorio están las siguientes:


a) Suspensión del régimen constitucional (Constitución de 1876)


b) Disolución de las cámaras legislativas (Congreso y Senado)


c) Sustitución de todos los gobernadores civiles por militares que asumieron todo el poder en las provincias.


d) Disolución de todos los ayuntamientos. Cese de todos los concejales que fueron sustituidos por juntas de vocales elegidos entre los mayores contribuyentes.


e) Prohibición de las actividades de los partidos políticos y sindicatos.


f) Suspensión de las garantías constitucionales sobre tiempo de detención, mandamiento judicial, libertad de domicilio, asociación, reunión y expresión.


g) Férrea censura de prensa, para evitar cualquier critica a la Dictadura.


El Directorio afrontó también la solución de los problemas de orden público, que habían sido, especialmente en Cataluña, una de las principales preocupaciones políticas de los gobiernos. Mantuvo en vigor durante meses la declaración del estado de guerra, adoptó medidas represivas contra organizaciones obreras como la CNT y promovió, con poco éxito, la extensión a toda España del somatén catalán, como instrumento de control social.


Primo de Rivera se mostró tan torpe como remiso a reconocer el hecho diferencial catalán. Alertado tal vez por el ejemplo de los nacionalismos divergentes europeos, llegó a confundir el sentimiento regionalista con el separatismo, prevención que le llevó a suprimir casi inmediatamente la senyera, la bandera de Cataluña, el himno catalán, Els Segadors, y a decretar medidas contra el uso de la lengua catalana a la que intentó relegar al ámbito doméstico. Se suspendió la enseñanza del catalán y hasta se castellanizó el nombre de las calles.


La prevención anticatalanista le llevó, so pretexto de algunos incidentes, a clausurar el Fútbol Club Barcelona y el Orfeó Catalá. Con estas actitudes, la Lliga que era un firme apoyo monárquico en Cataluña, se fue debilitando mientras crecían otras formas más radicales como el Estat Catalá.


En el País Vasco la actitud de la Dictadura fue muy similar, llegándose incluso a clausurar Aberri, el periódico del Partido Nacionalista Vasco. De todo ello se deduce que la política primorriverista respecto al problema nacionalista fue muy torpe y lejos de eliminar el nacionalismo lo enfrentó con la Monarquía, lo que contribuyó en buena medida a su caída en 1931.


Antes de dar paso a una modificación interna del régimen aún le quedaba a Primo de Rivera una cuestión importante que solucionar, y era Marruecos. Su resolución fue el éxito más evidente de la Dictadura. Tras haber pasado por una posición inicial abandonista y luego semi-abandonista, los nuevos ataques rifeños a la posiciones españolas en 1924 y una conversación con el jefe de la Legión, Franco, y con el general Sanjurjo, le decidieron a proporcionar todos los recursos para acabar con el conflicto. Se preparó un ejército potente y modernizado que unido al también potente ejército francés, desembarcó en la bahía de Alhucemas en septiembre de 1925, en la primera operación conjunta conocida en la historia de estrategia militar que reunió fuerzas de mar, aire y tierra. Tras varias semanas de duras batallas, Abd-el-Krim se entregó a las autoridades francesas.


El gran éxito conseguido por Primo de Rivera fue, ante todo, político y popular; le reconcilió con los ciudadanos cansados de guerras, con todo el ejército porque había salvado su honor, con los empresarios inversores en Marruecos y con la propia hacienda.






EL DIRECTORIO CIVIL.-


Después del éxito militar que representó el desembarco de Alhucemas, Primo de Rivera creó el directorio civil que vendría a sustituir al militar. Esta decisión representaba un hecho nuevo: la Dictadura, que nació con una idea de provisionalidad, parecía querer estabilizarse como régimen permanente. Los elementos clave para la ejecución de la política de la Dictadura, transformada parcialmente de militar en civil, eran la Unión Patriótica y la Asamblea Nacional Consultiva.


La Unión Patriótica era un movimiento más que un partido que intentaba agrupar a las gentes de buena fe en torno a un ideario monárquico y democrático. El partido nació impulsado desde el poder, condición que nuca perdió Esta tutela administrativa y el retraimiento de las viejas elites de los partidos del turno explican su debilidad. Concebida como un partido único, la Unión Patriótica acabó siendo un grupo de presión sobre el gobierno, pero nunca un instrumento adecuado para la movilización política de las masas.


En 1927 se creó la Asamblea Nacional Consultiva, una Cámara de representación política, que permitiese una salida constitucional a la dictadura. Era una Cámara totalmente corporativa, formada por representantes de las instituciones locales, de la administración central o de distintas actividades profesionales, y tenía un carácter consultivo con total dependencia del gobierno, lo que debilitó su eficacia.


La principal obra de la Asamblea, que quedó paralizada por la oposición creciente a la Dictadura a partir de 1928, fue el proyecto de Constitución que no llegó a ser promulgada.


El éxito económico de la dictadura hay que buscarlo no sólo en la bonanza económica mundial de los años veinte, sino también en la paz social que trajo la dictadura y en la política económica llevada a cabo durante y después del Directorio Militar. La política económica se basó en el intervencionismo de estado y el nacionalismo económico.


El principal destino de las medidas de carácter proteccionista fueron las compañías ferroviarias, además de algunas navieras y mineras, favorecidas con importantes subvenciones del Estado. El apoyo al mercado nacional se concretó también en la defensa del consumo de productos de origen doméstico y el rechazo a los importados.


La ambiciosa política de obras públicas pretendía lograr una reactivación de la economía española. Las acciones más señaladas se concretaron en la red de ferrocarriles, la construcción o renovación de la red de carreteras y las obras hidráulicas. La política hidráulica tuvo su principal resultado en la creación de las Confederaciones Hidrográficas encargadas de gestionar el aprovechamiento agrícola e hidroeléctrico de las cuencas fluviales.


La dictadura concedió monopolios para la explotación de ciertos productos considerados “exóticos” y susceptibles de lograr una importante recaudación fiscal. Esto dio lugar a la creación de empresas como la Compañía Telefónica o CAMPSA encargada de importar, refinar y distribuir el petróleo en España.


La ideología corporativista se manifestó de forma especial en la ,organización de las relaciones laborales según un modelo en el que las actividades de cada uno de los sectores productivos debían estar organizadas en una corporación que integrase patronos y obreros, con el estado como garante. El objetivo era evitar la conflictividad obrera. De forma paralela la dictadura promovió una extensa legislación social, parte de la cual se recogió en el Código del Trabajo. La pieza clave para el éxito de la política social fue la colaboración entre el régimen y la UGT que monopolizó la representación obrera en los comités paritarios y participó en diversos órganos del régimen.






LA OPOSICIÓN Y LA CAIDA DE LA DICTADURA.-


Hubo dos fuerzas que contribuyeron directamente a la caída de Primo de Rivera: los intelectuales y el ejército de la Península. Los intelectuales, que no habían aceptado el régimen desde el principio, se vieron atacados por la destitución de Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca y con su posterior destierro; con la clausura del Ateneo de Madrid porque se decía que estaba inclinándose hacia el republicanismo y con el proyecto de Reforma Universitaria por la que se otorgaba la facultad de expedir títulos universitarios a centros privados. Las revueltas de los universitarios en el cursos 1928-29 acabaron con represiones y con el cierre de la Universidad.


Los militares destinados en la península se encontraron con un Primo de Rivera favorable a los militares de Marruecos y poco proclive a los convencionalismos que protegían la carera militar de los de la Península. Además, el ataque frontal contra el cerrado cuerpo de artillería fue el que rompió la armonía de la familia militar y precipitó la caída del régimen.


En 1930 los republicanos se habían convertido en el primer referente político de la sociedad española, que comenzó a identificar cada vez más republicanismo con democracia. En los últimos mese de 1929 y a la vista de la utilización por parte de la dictadura de nuevos procedimientos caciquiles para que el régimen se sostuviera, arreciaron las protestas y se precipitaron todos los acontecimientos. El 30 de Enero de 1930 Alfonso XIII aceptó la dimisión de Primo de Rivera, encargando al viejo militar Dámaso Berenguer la formación de un nuevo gobierno.


El rey pretendía cerrar la última página del régimen y volver a la fase anterior a 1923, es decir, al sistema constitucional inaugurado en 1876. Esta medida hubiera sido prudente y hasta aplaudida de haberse cumplido al menos dos condiciones: en primer lugar que el sistema de la Restauración no estuviera tan agotado en 1923 como lo estaba la dictadura en 1930, y en segundo lugar que el rey no hubiera dado su beneplácito al golpe de estado de septiembre de 1923. Ese fue “el error Berenguer” o tal vez el error borbónico: el querer actuar como si no hubiera pasado nada desde el golpe de estado de Primo de Rivera.


Los partidos republicanos se reunieron en agosto de 1930 y firmaron el pacto de San Sebastián, por el que se comprometían a llevar a cabo una insurrección que instaurara la República en España. Crearon un comité revolucionario, que era, en realidad, un Gobierno provisional clandestino presidido por Alcalá Zamora. En octubre se unieron al pacto el PSOE y la UGT que promovieron una huelga general de apoyo a las fuerzas republicanas. A estas fuerzas políticas y sociales se unieron los intelectuales de la Agrupación al Servicio de la República liderados por Ortega y Gasset y Gregorio Marañón.


La actitud de algunos sectores del ejército supuso un respaldo a la causa republicana. Los capitanes Fermín Galán y García Hernández protagonizaron una sublevación en Jaca que se adelantó a la insurrección programada por los firmantes del pacto. El levantamiento fracasó y sus dos dirigentes fueron fusilados, proporcionando a la causa republicana dos mártires cuyos retratos fueron difundidos por la imaginería de la época.


Berenguer comprendió rápidamente la magnitud del fenómeno contra el que no servían de nada las actuaciones represivas y presentó su dimisión en Febrero de 1931. El rey encargó al almirante Aznar la tarea de formar gobierno. La actitud del nuevo gabinete era aparentemente liquidacionista. Aznar no quiso caer en el error Berenguer, sino en protagonizar el suyo propio: el “error Aznar”, dicho así al suponerse que éste se equivocó al convocar las elecciones municipales del 12 de Abril de 1931. Su objetivo era organizar un escalonado proceso electoral a fin de recuperar el tiempo perdido con la dictadura, que culminase en unas Cortes Constituyentes y que a la vez permitiera otorgar el necesitado consenso al régimen monárquico.


Los firmantes del pacto de San Sebastián acudieron formando una coalición electoral. Las elecciones se celebraron en un clima de incertidumbre y limpieza por parte del Gobierno, con una excesiva confianza por parte de las facciones monárquicas. Sin embargo, acabaron convirtiéndose en un plebiscito sobre la monarquía. El sistema electoral caciquil propio de la restauración estaba anquilosado tras ocho años de dictadura, por lo que apenas pudo controlar las áreas rurales; en estas zonas, sin embargo, los resultados fueron favorables a los partidos monárquicos. Por el contrario, en las capitales de provincia, donde los votos expresaban realmente la opinión pública, triunfaron los republicanos.


Los resultados electorales sorprendieron a todo el mundo, incluso a los líderes republicanos. Aunque salieron elegidos más concejales monárquicos que republicanos, la suerte estaba echada para Alfonso XIII. El propio Rey, a la vista de lo sucedido en las elecciones, partió al exilio dejando un vacío de poder que sólo la república y la democracia de masas podían cubrir. El día 13, tras conocerse los resultados electorales, miles de personas salieron a la calle para manifestarse a favor de la república.