TEMA XIII: La II República (1931-1936)

 
1.- La caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la II República: 
Alfonso XIII
 
Tras la  dimisión  de Primo  de Rivera   el 28 de  enero  de 1930, el nuevo  gobierno presidido por el general Berenguer, hombre de confianza de Alfonso XIII y uno de los principales responsables  del desastre de Annual, pretendió la vuelta a la normalidad constitucional. Pero, para buena parte de la opinión pública, el comportamiento del Rey durante  la dictadura  había significado  una trasgresión de  su papel moderador  y la monarquía misma era cuestionada.
Los republicanos, pese a su fraccionamiento, aparecían, junto con los socialistas, como la única fuerza  realmente renovadora.  En el Pacto  de San Sebastián (agosto  1930) republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas se pusieron de acuerdo para exigir la  apertura  de  un  proceso  constituyente  para  instaurar  un  régimen  republicano  y reconocían el derecho de Cataluña a un estatuto de  autonomía. Ante la negativa de Berenguer de conceder estas peticiones, los republicanos recurren a las conspiraciones:
- 12 diciembre 1930: insurrección de Jaca que fue reprimida violentamente (ejecución de  los  capitanes  Galán y García Hernández),  hecho que  incrementó  el desprestigio gubernamental y de la misma monarquía.
- 15 diciembre 1930: ocupación del aeródromo de Cuatro Vientos.
El  nuevo  gobierno  presidido  por  el  almirante  Aznar  aceptó  convocar  elecciones municipales para abril de 1931, las primeras en 8 años, y por ello tendrían carácter de plebiscito sobre el régimen monárquico. El triunfo republicano en las grandes ciudades significó la caída de la Monarquía.
La campaña electoral aglutinó a las fuerzas políticas en dos bandos: monárquico  y republicano. La derecha monárquica se presentó dividida, mientras que los firmantes del Pacto de San Sebastián se  presentaban bajo el nombre de Conjunción Republicano- Socialista (grupos republicanos, PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña y la ORGA gallega). La Lliga y el PNV quedaron al margen,  mientras que la UGT apoyaba a la coalición, mientras que la CNT dejó libertad de voto a sus militantes.
El día 13 de abril las multitudes empezaron a tomar la calle, mientras que el ejército y la guardia civil no intervinieron para restablecer el orden. Romanones (ministro de Estado) aconsejaba al rey salir del país.
A primeras horas del 14 de abril el ayuntamiento de Eibar proclamó la República y al medio día en Barcelona, Macià anunció la instauración de la "República Catalana dentro de la Federación Ibérica". Al atardecer el movimiento se había extendido a las ciudades de Sevilla, Valencia, Zaragoza... El rey Alfonso XIII salía hacia Cartagena camino del exilio; al mismo tiempo, el comité revolucionario, integrado por los miembros del Pacto de  San  Sebastián,  se  constituían  en  Gobierno  Provisional  de   la  República,  sin derramamiento de sangre.
Niceto Alcalá Zamora

Este  primer  gobierno  republicano  estaba  integrado  por  una  coalición  formada  por republicanos  católicos de  derecha (Niceto  Alcalá  Zamora  como  presidente,  Miguel Maura), por republicanos de centro-izquierda (Manual Azaña y Marcelino Domingo), socialistas  (Largo  Caballero,  Indalecio  Prieto,  Fernando  de  los  Ríos),  nacionalistas catalanes  (Nicolau   d´Olwer)   y  gallegos   (Casares   Quiroga).   Esta   coalición  era mayoritariamente representativa de la pequeña burguesía y un sector de la clase obrera y obtuvo,  al  menos  al  principio,  un  amplio  apoyo.  Al  margen  de  este  entusiasmo quedaban los grandes propietarios (en buena parte pertenecientes a la vieja aristocracia), la oligarquía  financiera, parte del ejército y de la Iglesia. La CNT tampoco mostró entusiasmo.
2. El  periodo  constituyente:  

Manuel Azaña

El Gobierno  Provisional  se  comprometió  a  convocar Cortes constituyentes. En esos meses, Azaña, Largo Caballero y Marcelino Domingo redactaron los primeros decretos sobre el ejército, el campo y la cultura. Los primeros conflictos llegaron pronto: 11 y 12 de mayo del 31 se produjo la quema de conventos en Madrid y otras ciudades y ello impresionó a  importantes sectores católicos; si a ello sumamos el recorte de los privilegios de la Iglesia tenemos las condiciones para que el episcopado pase a la oposición legal (expulsión del cardenal Segura, apoyo de la Iglesia al grupo de derechas Acción Nacional -CEDA desde 1933-).
Las elecciones de junio de 1931 se celebraron con gran civismo, con una participación del 70%; la conjunción republicano-socialista obtuvo una victoria clara (250 diputados) sobre los radicales de Lerroux con 90 escaños y 80 las derechas.
Las Cortes constituyentes elaboraron una nueva constitución muy avanzada para su tiempo. Los  debates más polémicos fueron los referidos a la cuestión religiosa y las autonomías. Fue aprobada el 9 de diciembre de 1931:
* Cámara única.
* El sufragio universal se amplió a mujeres y soldados.
* El Estado era "integral", no federal, pero se daba la oportunidad a las "regiones" para acceder a la autonomía.
* Se reconocían los derechos individuales.
* El gobierno podía expropiar bienes considerados de utilidad pública.
Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana) fue elegido Presidente de la República y Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas y nacionalistas.
3. El bienio reformista:
El nuevo    gobierno  va  a  afrontar  una  serie  de  reformas  que  pretenden  la  radical separación de la Iglesia y el Estado, la modernización del ejército, la descentralización del Estado para satisfacer a  los  nacionalistas y la redistribución de la tierra, reformas que acabarán dividiendo el país en dos sectores enfrentados.
a/ La cuestión religiosa: la separación de la Iglesia y el Estado y la laicización de una sociedad de  absoluta mayoría católica fueron objetivos prioritarios de  los primeros gobiernos republicanos, a la vez que una fuente inacabable de conflictos.
En las raíces de este conflicto tenemos, de un lado, el anticlericalismo tradicional de gran parte de la pequeña burguesía, que esporádicamente se manifestaba en los sectores más marginados de la sociedad; por otro lado, la actitud de gran parte del episcopado celoso de sus  prerrogativas. La Iglesia tenía entonces 11921 fincas rústicas y 7828 urbanas, suponía el 2% de los  gastos del Estado y su influencia en la educación era indiscutible. Para modificar esta situación sucesivos decretos disolvieron la Compañía de Jesús, confiscaron sus fincas, establecieron el  matrimonio civil, el divorcio  y la secularización de los cementerios. La ley de Congregaciones de  1933 prohibía a la Iglesia y a las órdenes religiosas la enseñanza (fecha límite para el cese de su actividad docente el 1 de octubre de 1933), el comercio y la industria, lo que provocó una pastoral colectiva que llamaba a la resistencia pacífica.
b/ Hacia la modernización del ejército: la reforma del ejército se debe a Azaña que pretendía un régimen desmilitarizado reduciendo la función de las fuerzas armadas a la defensa exterior. Para modernizarlo había que reducir los mandos, el deterioro técnico, la burocracia y la división entre ejército  metropolitano y colonial. El ejército colonial, desde la Guerra de Marruecos, era en cierta  manera un instrumento en manos de sus jefes, los "africanistas". Por la Ley Azaña de 1931 se permitía a los jefes oficiales que lo deseasen el retiro con el sueldo íntegro. Se acogieron 84 generales (de 170) y 8650 jefes y oficiales (de 14000). Posteriormente creó  la Guardia de Asalto  (fuerza de orden público de fidelidad republicana) y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por el general Franco.
La derecha pretendió capitalizar el posible descontento que producían estos cambios y la oposición se puso de manifiesto mediante un golpe de Estado fracasado del general Sanjurjo en agosto de 1932 y con la creación de la Unión Militar Española (UME) en 1933 como organización clandestina de militares de derechas.
c/ Descentralización: política autonomista: las aspiraciones de autogobierno de Calaluña estaban recogidas  en el Pacto  de  San Sebastián.  El gobierno,  sin embargo,  nunca pretendió crear una organización política y administrativa de carácter federal, sino que querrá  "conjugar  la  aspiración  particularista  o  la  voluntad  autonomista...  con  los intereses  o  los  fines  permanentes  de  España  dentro  del  Estado  organizado  por  la República" (Azaña).
En Cataluña, después de una negociación con el gobierno provisional, se había resuelto el problema originado por la proclamación de la República Catalana. La República quedaba anulada, pero se reconocía un gobierno autónomo que elaboraría un Estatuto que sería aprobado por las Cortes: es el proyecto de Estatuto de Nuria que fue aprobado en referendum con el 99% de los votos. El 18 de agosto de 1931 el Estatuto de Nuria fue presentado por Macià a las Cortes y a pesar de afrontar la oposición de la derecha y las resistencias de los republicanos, al final fue aprobado con numerosos  recortes en 1932:
- El gobierno catalán era la Generalitat con tres instituciones:
* Parlamento catalán.
* Presidente.
* Consejo Ejecutivo: Consejerías.
- Catalán y castellano lenguas oficiales.
- Competencias de la Generalitat: hacienda, economía, enseñanza, cultura, sanidad, transportes y comunicaciones y órden público (mossos d´escuadra).
- Competencias del Gobierno Central: asuntos exteriores, defensa, control de fronteras...
- Conflictos  entre  el  poder  central  y  el  autonómico:  Tribunal  de  Garantías Constitucionales.
La importancia del papel desarrollado en su elaboración por ERC quedó de manifiesto en las elecciones al Parlament de Catalunya, en las que Macià fue elegido Presidente de la Generalitat.
En el País Vasco, el PNV y los carlistas llegaron a un acuerdo en Estella en 1931, en el
que se aprobó un proyecto  de Estatuto  que socialistas y republicanos consideraron reaccionario. En 1932 los ayuntamientos votaron un nuevo proyecto que fue aprobado en Vizcaya, Guipúzcoa, el 50% de Álava y rechazado en Navarra (los carlistas se niegan a pactar con una República atea). El proyecto quedó paralizado y no fue aprobado por las Cortes hasta 1936, una vez comenzada la Guerra Civil.
En Galicia, la guerra cortó la aprobación por las Cortes de un proyecto de Estatuto ratificado en referendum en junio de 1936.
d/ La cuestión agraria: en la década de los 30 la importancia del sector primario era considerable. Con 23 millones de habitantes, 3.8 millones trabajan en la agricultura (2 millones eran obreros agrícolas, 750000 arrendatarios y aparceros y 1 millón pequeños y medianos  propietarios). El latifundio era muy importante, sobre todo en el sur: el 1.8% de las fincas, el 44% de las tierras (+100 Ha.).
Para encarar el problema agrario, ya el Gobierno Provisional promulgó una serie de decretos que trataban de proteger a los arrendatarios y a los campesinos sin tierra: decreto de Términos Municipales, prórroga automática de contratos de arrendamiento,jornada de 8 horas. Pero el verdadero ensayo reformador vino de la elaboración de una ley de reforma agraria que fue aprobada por las Cortes en septiembre de 1932.
El objetivo de la ley no fue una revolución agraria o una colectivización de la tierra, sino  que  sus  objetivos  fueron  más  moderados.  La  ley  permitía  expropiar  sin indemnización  sólo  las  tierras  de  los  Grandes  de  España,  mientras  que  las  mal cultivadas, las arrendadas  sistemáticamente, las que podían ser regadas y no lo eran, sólo se podían expropiar con una  indemnización previa. Además, los problemas de ineficacia, burocratismo, y el coste de las  indemnizaciones contribuyeron al hecho de que su aplicación fuese todavía más limitada. Políticamente la reforma agraria provocó la reunificación de la derecha y que muchos campesinos se alejaran definitivamente de la República. El descontento campesino dio lugar a numerosos incidentes: Casas Viejas, Castilblanco, Arnedo...
En Cataluña el problema se suscitó entre propietarios y arrendatarios (rabassaires) que consiguieron que el Parlament mejorase los contratos de cultivo sometidos en parte al arcaico  sistema  de  la  "rabassa  morta".  Esta  ley  será  recurrida  ya  en  1934  por  el Gobierno de derechas y el Tribunal de Garantías la rechazó al considerar al Parlament incompetente para legislar en la materia.
4. El bienio de derechas:
a) La crisis de la coalición republicano-socialista:
A lo largo de 1933 se hacía cada vez más evidente el desgaste de los políticos del bienio reformador. Grupos importantes de las clases medias se desplazaron hacia la derecha, lo que  se  tradujo  en  la  aparición  de  nuevas  fuerzas,  como  la  CEDA  de  Gil  Robles (Confederación Española de Derechas Autónomas) de carácter demócrata-cristiano (lo importante no es la forma de gobierno, sino la defensa de la Iglesia y los valores que ésta representa) o la Falange Española de Primo de Rivera que preconizaba un régimen autoritario  de carácter fascista (en 1934 se une a las JONS de Ramiro  Ledesma  y Onésimo Redondo). El centro-derecha se agrupaba en el Partido Radical de Lerroux, que consiguió el acercamiento de comerciantes, industriales liberales e, incluso, algunos grandes   propietarios.   Con  estos  grupos  establecieron  contacto   los   monárquicos alfonsinos,  dirigidos  por  José  Calvo  Sotelo  (Renovación  Española)  y  también  los carlistas (Comunión Tradicionalista).
Por otro lado, la ineficacia de las reformas en profundidad, que habrían mejorado las condiciones de vida del proletariado urbano y agrícola, restó apoyos al gobierno; por ello,  más  pronto  o  más  tarde,  las  fuerzas  de  izquierdas  fueron  radicalizándose:  la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT), con 450000 miembros se desplazó a posiciones más radicales, mientras que en la CNT (1 millón de afiliados) se impusieron las corrientes insurreccionales de la FAI (Buenaventura Durruti y Fco. Ascaso) frente a las tendencias moderadas (Pestaña, Peiró).
En  estas  condiciones  Alcalá  Zamora  aceptó  la  dimisión  de  Azaña  y,  mediante  un gabinete presidido por Martínez Barrio, disolvió las Cortes en octubre de 1933. En las elecciones del 18 de  noviembre,  con una izquierda desencantada y desunida y con la abstención de  importantes  masas  obreras,  el centro-derecha  (CEDA  y radicales de Lerroux) alcanzaron la mayoría parlamentaria.

b) La etapa de derechas: 19 noviembre 1933 a 29 diciembre de 1935:
Alcalá Zamora nombró a Lerroux jefe de un gobierno compuesto sólo por radicales pero con el apoyo de los monárquicos y de la CEDA. Pronto comenzó la liquidación de la obra hecha en el bienio  anterior.  Así, se paralizó la reforma agraria, anulándose la expropiación de tierras a los Grandes de  España, los decretos de asentamientos, las leyes de salarios (libertad de contratación)  y se propuso también  la amnistía a  los sublevados con Sanjurjo en 1932. El gobierno también se enemistó con el gobierno de Cataluña por el problema  "rabassaire" y por otro lado el nacionalismo vasco, hasta entonces muy conservador, se alió con la  izquierda en la oposición por el rechazo al Estatuto. Mientras tanto el paro aumentaba: 446000 parados en 1932; 700000 en 1934. La influencia de la CEDA en el gobierno radical de Lerroux y "el carácter fascistizante" del grupo de Gil Robles condujo al PSOE, bajo la inspiración de Largo Caballero, a plantear la vía insurreccional como única respuesta al avance de la derecha. La situación estalló cuando  Gil Robles impuso la entrada en el gobierno de tres miembros de la CEDA  el 4 de octubre de 1934.
La revolución de octubre de 1934: Asturias y Cataluña:
La llegada de miembros de la CEDA al gobierno fue interpretada por las fuerzas de izquierda como  un camino abierto al fascismo. Por lo tanto, la reacción no se hizo esperar. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa ugetista y sin la participación de la CNT, se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades que fracasaron por falta de coordinación y por la respuesta contundente del gobierno(declaración  del  "estado  de  guerra").  A  pesar  de  esto,  en  Cataluña  y  Asturias  los acontecimientos alcanzaron especial importancia.
En  Cataluña  el  PSOE,  la  UGT,  la  Unió  Republicana  de  Rabassaires  y  otras organizaciones obreras intentaron hacer efectiva la huelga general con el visto bueno de la Generalitat. Pero sin el apoyo de las masas anarcosindicalistas, las posibilidades de resistencia  eran  mínimas.  Lluis  Companys,  Presidente  de  la  Generalitat,  entre  la alternativa de colaborar con el gobierno conservador de Madrid, optó por encabezar la insurrección y proclamó el 6 de octubre "l´Estat Catalá" (el Estado Catalán) dentro de la República Federal Española. Las tropas del general Batet en 24 horas  controlaron la situación: todo el gobierno de la Generalitat detenido y también Azaña que casualmente estaba en Barcelona. En Madrid eran detenidos Largo Caballero y otros miembros del Comité de Huelga.
En Asturias el movimiento obrero duró todavía muchos días, creándose una situación auténticamente revolucionaria. Anarquistas,  comunistas  y  socialistas,  unidos  en  las alianzas obreras, ocuparon la cuenca minera y se hicieron con armas de los cuarteles y fábricas y explosivos de las  minas. Ocho mil obreros mineros ocuparon Asturias y proclamaron  la  Revolución  Socialista  de  los  Consejos  Obreros,  estableciendo  una estricta organización revolucionaria, militar y económica. El movimiento fue aplastado, tras una dura resistencia por el ejército el 17 de octubre.
Consecuencias:
i/ 1934 fue un preludio de la guerra civil: brutalidad del ejército de África, liderazgo de
Franco, ensayo de revolución obrera.
ii/ 1000 mineros muertos, unos 2000 heridos y 300 soldados o guardias muertos. Miles de detenidos.
iii/ La influencia de la CEDA en el gobierno aumentó: Gil Robles ministro de la Guerra,
Franco  jefe  del  Estado  Mayor,  suspensión  del  régimen  autonómico  de  Cataluña, devolución de las propiedades expropiadas a los jesuitas... derechización.
iv/  Enfrentamiento  entre  radicales  y  cedistas  sobre  las  penas  de  muerte  y  el cumplimiento de las condenas.
Con todo, fueron los casos de corrupción que salpicaron a Lerroux y sus seguidores(estraperlo) lo que rompió la alianza radical-cedista. En estas condiciones, en diciembre de 1935 Alcalá Zamora decidió convocar elecciones para febrero de 1936
5. El Frente Popular.

Durante la década de los 30 se fue consolidando en Europa una política de unión de las fuerzas   liberales   y  de  izquierdas  para  contrarrestar  un  fascismo  cada  vez  más amenazante. Estos frentes amplios recibieron el nombre de frentes populares.
Para las elecciones de febrero del 36 se formó un Frente Popular con republicanos (IR, UR), socialistas (PSOE, UGT) y comunistas. El programa del Frente Popular era más que  nada  reformista,  no  se  incluían  nacionalizaciones  y  se  podía  resumir  en  una amnistía para los presos, y represaliados, y una reforma de la legislación social y de la enseñanza.
La derecha comenzó la campaña desunida. Pero pronto vieron la necesidad de formar alianzas, y en algunos lugares los monárquicos (alfonsinos y carlistas) se presentaron con la CEDA, agrarios y  otros,  formando el Frente Nacional, que no tuvo carácter general. Falange Española presentó candidaturas propias.
a) Las elecciones de febrero de 1936:
Los resultados electorales prefiguran las dos españas que lucharán en la próxima guerra. El Frente Popular, a pesar de que obtiene un triunfo ajustado en votos, consigue una cómoda  mayoría parlamentaria. Las derechas tienen buenos resultados en las dos castillas,  Navarra  y Aragón.  Por  su  parte,  la  izquierda obtendrá  la  mayoría en  las grandes  ciudades,  en  las  provincias  costeras  y  en  los  territorios  con  sentimientos nacionalistas.
El  nuevo  gobierno  estaba  formado  por  los  republicanos  de  izquierdas  (Izquierda Republicana y Unión Republicana), tal como estaba previsto en el programa del Frente Popular. Los socialistas quedaron fuera, dejando el gobierno en manos de unos partidos que habían obtenido un  respaldo relativamente pequeño. El gobierno pasará a estar presidido por Casares Quiroga hasta el día 19 de julio, mientras que Manuel Azaña será nombrado  Presidente  de  la  República  en  sustitución   de  Niceto  Alcalá  Zamora, sustitución polémica, que hará más débil todavía el gobierno, pues Casares Quiroga no tenía la personalidad de Azaña.
b) Hacia la guerra Civil:
El nuevo gobierno reinició las reformas del primer bienio republicano, sobre todo la reforma   agraria.   La  impaciencia  de  los  campesinos  les  llevaba  a  llevar  a  cabo ocupaciones de tierras que luego el ministerio se veía obligado a legalizar. Por su parte, la CNT planteó  la jornada de 36 horas y la expropiación de las fincas de más de 50 hectáreas. Todo ello provocó cierres patronales, huída de capitales y recrudecimiento del terrorismo, tanto de la extrema derecha, como de los grupos de izquierda.
En  estas  circunstancias  parecía  claro  que  estaba  próximo  un  alzamiento  de  los militares contra  el gobierno, que a su vez reaccionó trasladando al general Mola a  Navarra y a Franco a Canarias, medidas que demuestran la debilidad del gobierno que, por otra parte, teme también un estallido revolucionario. Ya la noche de las elecciones Franco había propuesto a Gil Robles la declaración del “estado de guerra”, sin que ello fuese aceptado por el Ministro de la Guerra. En marzo un grupo de generales (Mola, Saliquet, Varela), a los que en el último  momento  se unirá Franco, acordaron “un alzamiento que restableciese el orden”, la dirección del cual recayó en Mola.
En la elección de la fecha tendrá mucho que ver el asesinato de Calvo Sotelo por un grupo de  guardias  de  asalto.  Así,  la  noche  del  17  de  julio  se  insurreccionaba  la guarnición de  Marruecos, iniciándose un golpe de estado, que al fracasar en muchas zonas de España, se transformará en una larga guerra civil.